Un banco, una hidroeléctrica y CNT: las joyas que Ecuador quiere convertir en dólares
Que una familia venda sus joyas es porque no tiene ni para comer. Así está el Ecuador. Desde antes de la pandemia se buscan 2.000 millones de dólares por “monetización de activos”. Para empezar, empeñamos las reservas de oro, continuaremos con una hidroeléctrica, CNT y el Banco del Pacifico. ¿En combo o por separado?
Para una enciclopedia financiera, monetización de activos “es convertir un activo en algo como dinero o moneda de curso legal”. Para el ministro de Finanzas, Richard Martínez: “es identificar los activos que tiene el Estado y ver qué oportunidades existen de monetización a través de un pago anticipado. Entonces se hace cargo un privado del mantenimiento y al final se los recupera y siguen en manos del Estado”.
Para Carlos Castro Riera, columnista de diario El Mercurio de Cuenca: “Monetización de activos es la expresión con la que se encubre el proceso de privatización, de dudosa constitucionalidad”.
El proceso apareció por primera vez en el presupuesto de 2019. En ese año se buscaban mil millones de dólares. Se llegó a decir que se lo haría con al menos una empresa pública y que por ella se recibirían 860 millones. El objetivo no se cumplió. En el presupuesto 2020 se duplicó la expectativa y se habló de tres empresas: La hidroeléctrica Sopladora, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y el Banco del Pacífico. También suena la Refinería de Esmeraldas.
Nombre enigmático
A pesar de los discursos nacionalistas de inicios de la Revolución Ciudadana, en los últimos años del gobierno de Rafael Correa ya se permitió la concesión de una parte de los sectores estratégicos a la empresa privada extranjera. Entre ellos se cuentan los campos petroleros nororientales y los puertos marítimos de Puerto Bolívar, Manta y Posorja. En paralelo se vendió también un ingenio azucarero y dos cementeras a capitales peruanos.
Pero a medida que van pasando los años la situación financiera del país se va complicando. La ya grave situación se multiplicó con la pandemia.
En enero de 2007 la deuda pública total era de 13.400 millones de dólares. A fin de julio de 2020 la cifra asciende a 59.300 millones, según datos publicados por el Ministerio de Finanzas.
Los atrasos de pago a gobiernos seccionales, proveedores y empleados públicos es solo un síntoma de la grave enfermedad. Para enfrentarla no hay más que bajar el gasto público (tarea lenta y nada popular), reprogramar deudas y buscar nuevos ingresos.
En este último rubro entra la llamada monetización de activos, nombre al que el analista económico Walter Spurrier calificó de “enigmático”.
Desde CNT se aclaró que “No se trata de una venta, la ley prohíbe categó ricamente que las empresas públicas de sectores estratégicos puedan ser vendidas. Se busca mantener la propiedad y lograr liquidez”.
La mecánica
En un inicio, al mando del programa que cuenta con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estaba al ahora exasesor presidencial Santiago Cuesta. Hoy, hasta el cargo que tenía fue suprimido. Se ha dicho que primero se valorará los activos y que luego, será el Ministerio de Finanzas quien tome la decisión de vender o concesionar según sea el caso.
Ante un pedido de Vistazo, los funcionarios de Finanzas prefirieron no hacer comentarios sobre el proceso hasta que terminen las valoraciones que estas están en varias manos. Así, el Ministerio de Energía y Recursos no Renovables se encarga de valorar la hidroeléctrica Sopladora; el Ministerio de Telecomunicaciones supervisa la valoración de CNT y; la Corporación Financiera Nacional (CFN), dueña del paquete accionario, comanda la valoración del Banco del Pacífico.
Un primer paso de monetización se dio en marzo de este año cuando el Banco Central obtuvo 300 millones de dólares a cambio de 240 mil onzas de oro de las reservas del Central. Este mecanismo no es nuevo. Ya se había hecho algo similar en el gobierno anterior.
La valoración más avanzada es la del Banco del Pacífico a cargo del Bank Of America. Empezó en noviembre de 2019, fue suspendida por la pandemia a fines de febrero de 2020 y retomada en junio. En la última etapa se ha considerado el nuevo escenario financiero mundial. Según el presidente de la CFN, Roberto Dunn Suárez, estará lista en esta misma primera quincena de septiembre.
Una polémica surgida a raiz de que se conoció que el anterior directorio de la CFN había declarado el proceso como reservado, se sanjó con una resolución de la Asamblea que levantó la medida.
De su lado, la valoración de CNT fue encargada a la consultora británica Ernst & Young. La telefónica estatal, cuyos balances no han sido confia bles en los últimos años, no solo será valorada, sino que se busca “identificar una estructura jurídica y financiera que priorice la gestión temporal de sus activos, por medio de un operador privado”. El contrato se firmó en enero y por 180 días. Pero los plazos se han alargado por la situación sanitaria. No se ha informado aún de la fecha de culminación.
La hidroeléctrica Sopladora tiene más claro el panorama. En su construcción se invirtieron 755 millones de dólares. Su capacidad instalada es de casi 500 megavatios, la mitad de Paute o un tercio de Coca Codo. Desde que se inauguró en 2016 se habló de su venta en un precio cercano a los 900 millones de dólares. Según los conocedores del sector, la dificultad esta- ría en que el Estado tendría que obligarse a comprar la energía al nuevo propietario. Esto debido a que ahora hay un superávit de producción eléctrica en el país.
En noviembre de 2019, el entonces ministro José Agusto Briones acudió a la Asamblea y anticipó que por Sopladora se podría pedir unos 900 millones; que el Banco del Pacífico lo estimaban en 800 millones y que CNT se podría monetizar en unos 400 millones de dólares. Pero muchos detalles legales están por resol- verse. Tantos que, podría llegar el fin de este gobierno sin que se materialice es- ta aspiración. Lo advirtió Roberto Dunn Suárez, de la CFN, refiriéndose al Banco del Pacifico: “Quiero ser enfático, esta- mos lejos de llegar a una venta”.
Banco del Pacífico: La joya de la corona
Es percibido por la población como el bien más valioso. Esto porque tiene presencia en 21 de las 24 provincias del país. Actualmente sus cifras lo ubican como es el segundo banco del Ecuador, superado solo por Pichincha que lo duplica en cifras.
Tan valiosos como sus 6.000 millones de dólares en activos, son sus intangibles. Fundado en 1972 como el primer banco cien por ciento automatizado del país, tiene un importante valor de recordación de marca. Se formó como un banco de capital democrático donde no había un accionista mayoritario visible pero sí un centenar de socios unidos con un objetivo que lideró Marcel Laniado de Wind.
Durante la crisis bancaria fue obligado a conceder créditos a otros bancos que terminaron quebrando, generándose un hueco patrimonial que llevó a que los accionistas pierdan el control del banco y este pase a manos del Estado. En un inicio se encargó su administración a funcionarios extranjeros lográndose mantener el banco alejado de influencias políticas a pesar de los vaivenes gubernamentales. Desde hace más de una década su timón ha estado en manos de ecuatorianos que se formaron en el mismo banco, guiados por su gestor.
El control estatal de las acciones estuvo inicialmente en poder del Banco Central, pero hoy el titular es la Corporación Financiera Nacional. Aunque la esperada valoración se conocerá a mediados de septiembre, fuentes gubernamentales la han estimado en 800 millones. Un punto clave en las negociaciones con el eventual comprador será el destino de las cuentas de las instituciones públicas que en su mayoría hoy operan con el Pacífico. Una referencia cercana podría ser la venta del Produbanco a un grupo centroamericano que se materializó seis años atrás. Aunque no se vendió sino el 56 por ciento, la cifra proyectada para todo el banco era cercana a los 300 millones. Entones Produbanco era un 20 por ciento más pequeño que Pacífico.
Un eslabón hidroeléctrico
La central Sopladora es nueva y poco conocida a nivel ciudadano. Genera 500 megavatios, tres veces menos que la famosa Coca Codo Sinclair.
Es el penúltimo eslabón del complejo hidroeléctrico Paute, en Azuay. Es decir que aprovecha las mismas aguas que mueven a la pequeña hidroeléctrica Mazar y a la ya tradicional central Paute. Aguas abajo de Sopladora hay aún posibilidades de instalar otro proyecto similar llamado Cardenillo.
Por tanto, la infraestructura hídrica (dos represas y tuberías) las comparte con otras centrales. Es decir que en la venta entrarían solo las turbinas y la casa de máquinas. La materia prima, el agua, no la toma del río, sino directamente del desfogue de la central Paute.
Se habla de que se podría vender en 900 millones de dólares, lo que la convertiría en el bien más caro en oferta.
Su promoción internacional ya empezó un par de años atrás, pero no avanzó porque hubo discrepancias para la recepción definitiva de la obra.
Esta central la construyó la china Gezhouba asociada a la nacional Fopeca. Costó 755 millones, un valor por kilovatio menor a Coca Codo.
Se alquila CNT
De la venta de la telefónica estatal se viene hablando por tres décadas. Los intentos anteriores fracasaron. En su mejor momento, en los años 90, se habló de 800 o 900 millones de dólares. Unos pocos años después valía la mitad.
Hoy es una empresa diferente pues lo que era su fuerte, la telefonía fija, ya ha perdido valor. Sus directivos aclaran que legalmente no se la podrá vender por tratarse de un sector estratégico. Pero reivindican que “es la única telco-total en el país”. Es decir que a más de telefonía fija, ofrece todos los servicios modernos: Telefonía móvil 4G, televisión satelital e internet por fibra óptica. Tienen también una presencia importante en sectores rurales, aunque su percepción de servicio no es la mejor. En un mundo tan cambiante y de inversión tecnológica intensiva, competir con transnacionales como América Móvil, Telefónica o DirecTV no le es sencillo.
Un problema crónico ha sido la poca fiabilidad de sus balances. Un exfuncionario de este gobierno, al hablar de varias empresas públicas incluida CNT, dijo que llevaban “contabilidad de cocinera”. Pero lo que sí quiere dejar claro la presidencia de la empresa es que, si se concesiona su administración, el operador estará obligado a que “cuando regrese el control a manos de los ecuatorianos, los equipos deben ser de la última tecnología”.
Su operación demanda actualmente unos 250 millones anuales. Se esperaría “alquilarla” en 400 anuales.
